Desde La Cámpora La Pampa repudiamos enérgicamente la actitud unilateral y abusiva adoptada por la Provincia de Mendoza respecto a la decisión tomada por un “misterioso” comité de cuenca de interrumpir el escurrimiento del río Atuel desde las 00,00 hs del 16 de febrero del corriente. La excusa esta vez es la escasez de agua debido a las bajas temperaturas en la cordillera que impide que el proceso de deshielo alimente adecuadamente el complejo de diques y embalses denominado Los Nihuiles.
Cabe recordar aquí que esta práctica ha sido una costumbre ininterrumpida del Estado vecino. Así, si bien originariamente el delta del río Atuel en la Provincia de La Pampa se presentaba con un paisaje radicalmente distinto al actual, constituyendo una comarca con abundante agua dulce, apta para el asentamiento humano, lo que llevó al Gobierno Nacional en la primera década del siglo XX, a cuya jurisdicción aún pertenecía lo que hoy es la Provincia de La Pampa, a crear la Colonia Agrícola Butaló, lo cierto es que a partir de 1913/1914 comenzaron las primeras obstrucciones (tapones) realizadas por agricultores mendocinos.
Estas tomas ilegales de agua, acompañadas desde el Estado mendocino con el otorgamiento indiscriminado de concesiones de riego, las cuales permitían el uso consuntivo de la casi totalidad del caudal del recurso hídrico, tuvo su punto cúlmine con la inauguración, en el año 1948, del primer dique en el curso medio del río: El Nihuil. A partir de ese momento el Atuel perdió su condición de regular en la Provincia de La Pampa.
Este hecho marcó el comienzo de un proceso de desertificación de los suelos -que aún hoy continúa- en toda el área que otrora era atravesada por el mencionado curso de agua, trayendo con ello no sólo la muerte de gran cantidad de ganado, sino también la pérdida de 9.000 km2 de humedales (Bañados del Atuel) –con la consecuente merma de flora y fauna que sostiene ese importante nicho ecológico- y la inevitable emigración de población hacia centros urbanos de mayor importancia, debido a las adversas condiciones de habitabilidad que caracterizan a la región.
Si bien en el año 1987, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el juicio que la Provincia de La Pampa le inició a Mendoza por la utilización del agua del Atuel, falló estableciendo que el río es INTERPROVINCIAL y exhortó a ambos Estados a celebrar acuerdos tendientes a una participación razonable y equitativa en los usos futuros de las aguas del curso de agua sobre la base de la buena fe y la buena vecindad, la variable constante en todos estos años, ha sido por voluntad exclusiva y absoluta de la Provincia de Mendoza, la ausencia total de un caudal mínimo de agua, lo cual derivó en la conversión del cauce del Atuel inferior en una suerte de callejón de tierra. En contraposición a esta práctica, también se verificaron ocasionales sueltas abundantes de agua -sin previo aviso a las autoridades pampeanas- que generaron graves inundaciones. Claramente, dicha escenario no se condice con la naturaleza interprovincial del recurso, ni con la garantía del uso equitativo y razonable del agua dispuesta por la Corte Suprema de Justicia.
Hoy, con esta medida, no sólo continúan atropellando impunemente los derechos de nuestra provincia y su gente, sino que los propios pobladores, empresarios vitivinícolas, frutícolas y del turismo, y parte de la dirigencia política que residen y usufructúan las aguas del Atuel en su curso inferior en la provincia cuyana, se rasgan las vestiduras ante esta situación. Tal es así que un grupo de diputados presentó, el 9 de febrero del corriente, ante la Legislatura mendocina un proyecto de ley solicitando la postergación del corte. Sin embargo, la decisión impertérrita del Departamento de Irrigación de Mendoza, del cual depende el supuesto “comité de cuenca”, es llevar adelante la decisión adoptada, sin excepción alguna. Ello, a pesar de las sospechas que existen de concejales, diputados y senadores de la provincia vecina, respecto al mal manejo, que ha hecho ese organismo, de las reservas hídricas existentes en los embalses.
En el año 2008, La Pampa firmó un acuerdo con Mendoza, el cual fue rubricado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el cual la provincia cuyana se comprometía a ceder a La Pampa una escorrentía permanente de 5 m3/seg., dicho convenio debía ser aprobado por las legislaturas provinciales. En nuestra provincia fue rápidamente aprobado y si bien Mendoza se comprometió a que sus legisladores lo trataran y aprobaran antes de fin de año, ello no ocurrió. La demora en el tratamiento es atribuida a la falta de consenso entre el gobernador mendocino, Celso Jaque y la oposición en su provincia
La conclusión a la que arribamos es que el vecino Estado no puede beneficiarse en forma exclusiva con la utilización de la casi totalidad del agua del río Atuel, debe compartir los beneficios de su disfrute con la provincia con la cual comparte una comunidad en relación al curso del agua en base al concepto de equidad distributiva que importa esfuerzos y beneficios compartidos y siguiendo los principios cardinales de la buena fe y de igualdad ante la ley.
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