En el pais se pintaron 1000 escuelas, y en La Pampa???

Hoy, temprano, nos sorprendimos ingratamente, a través de un medio periodístico local, al enterarnos no sólo que la Provincia de La Pampa contaba con las partidas asignadas desde Nación para aplicar a las denominadas Jornadas Nacionales Néstor Kirchner, bajo el lema “Florecen mil flores, pintamos mil escuelas”, sino que, además, el Ministro de Educación provincial, Néstor Torres, afirmó que su
implementación en La Pampa “se canalizó a través de los municipios” y por medio de alumnos y ex alumnos “porque responde a un propósito que viene de Presidencia de la Nación”.

Desde ya, nos vemos en el deber de informar al Señor Ministro que ello no es así. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación envió al Ministerio de Educación de La Pampa alrededor de 100.000 pesos para este programa y su destino eran 14 escuelas pampeanas, con la clara consigna de que las actividades a desarrollar
se realizarían entre el 14 y el 19 de febrero, esto es, antes que comiencen las clases y contaran con la participación de los militantes de distintas vertientes peronistas, alumnos, ex alumnos y de toda la comunidad educativa de cada establecimiento seleccionado, con el fin de que estuvieran listas antes del inicio de las mismas, es decir, el próximo martes 1 de marzo. Como es lógico, en nuestra provincia ello no será
posible, en tanto al día de la fecha hay sólo dos escuelas pintadas –en La Maruja e Ingeniero Luiggi-.

Sin embargo, y a diferencia de lo que aconteció en el resto del país donde se llevaron a cabo estas jornadas, en La Pampa se les escatimó información y, con ello la posibilidad cierta de participar activamente de las mismas, a las distintas agrupaciones que acompañan y bancan el proyecto nacional y popular y, lo que es peor aún, que contando con el dinero no se hicieron los trabajos para mejorar las condiciones edilicias de las escuelas en tiempo y forma.

En efecto, en Trenque Lauquen, Azul, Necochea, Capital Federal, Córdoba, Misiones, La Rioja, Tucumán, por sólo nombrar algunos lugares, estuvieron presentes los compañeros de las distintas Cámporas locales y agrupaciones a fines a las políticas sociales del Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

No queda claro cuál fue la verdadera intención del gobierno pampeano al ocultar hasta último momento que el mencionado programa se implementaría aquí también. No queremos ser mal pensados, pero ¿estará enterado el Ministro que hacer política y realizar actividades sociales no son tareas en modo alguno incompatibles? ¿Sabrá que muchos de los alumnos que concurren a los establecimientos educativos de la provincia son también militantes, lo cual no es un delito, sino una elección? ¿No será que los fondos que tenían que tener el destino antes señalado iban a ser utilizados para otros fines, sino fuera porque se destapó la olla?

Ojalá que sólo se haya tratado de un garrafal error de comunicación entre las autoridades provinciales y nacionales, y que en próximos programas y/o planes a aplicar no vuelva a ocurrir lo que sucedió esta vez, ya que la única perjudicada es la comunidad pampeana toda, quien nunca verá plasmada en su territorio el modelo nacional y popular que se viene forjando desde el 2003 y sólo debe conformarse con ver lo que otros le cuentan a través de los medios de comunicación nacionales.

Rechazo al corte del Atuel

Desde La Cámpora La Pampa repudiamos enérgicamente la actitud unilateral y abusiva adoptada por la Provincia de Mendoza respecto a la decisión tomada por un “misterioso” comité de cuenca de interrumpir el escurrimiento del río Atuel desde las 00,00 hs del 16 de febrero del corriente. La excusa esta vez es la escasez de agua debido a las bajas temperaturas en la cordillera que impide que el proceso de deshielo alimente adecuadamente el complejo de diques y embalses denominado Los Nihuiles.

Cabe recordar aquí que esta práctica ha sido una costumbre ininterrumpida del Estado vecino. Así, si bien originariamente el delta del río Atuel en la Provincia de La Pampa se presentaba con un paisaje radicalmente distinto al actual, constituyendo una comarca con abundante agua dulce, apta para el asentamiento humano, lo que llevó al Gobierno Nacional en la primera década del siglo XX, a cuya jurisdicción aún pertenecía lo que hoy es la Provincia de La Pampa, a crear la Colonia Agrícola Butaló, lo cierto es que a partir de 1913/1914 comenzaron las primeras obstrucciones (tapones) realizadas por agricultores mendocinos.

Estas tomas ilegales de agua, acompañadas desde el Estado mendocino con el otorgamiento indiscriminado de concesiones de riego, las cuales permitían el uso consuntivo de la casi totalidad del caudal del recurso hídrico, tuvo su punto cúlmine con la inauguración, en el año 1948, del primer dique en el curso medio del río: El Nihuil. A partir de ese momento el Atuel perdió su condición de regular en la Provincia de La Pampa.

Este hecho marcó el comienzo de un proceso de desertificación de los suelos -que aún hoy continúa- en toda el área que otrora era atravesada por el mencionado curso de agua, trayendo con ello no sólo la muerte de gran cantidad de ganado, sino también la pérdida de 9.000 km2 de humedales (Bañados del Atuel) –con la consecuente merma de flora y fauna que sostiene ese importante nicho ecológico- y la inevitable emigración de población hacia centros urbanos de mayor importancia, debido a las adversas condiciones de habitabilidad que caracterizan a la región.

Si bien en el año 1987, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el juicio que la Provincia de La Pampa le inició a Mendoza por la utilización del agua del Atuel, falló estableciendo que el río es INTERPROVINCIAL y exhortó a ambos Estados a celebrar acuerdos tendientes a una participación razonable y equitativa en los usos futuros de las aguas del curso de agua sobre la base de la buena fe y la buena vecindad, la variable constante en todos estos años, ha sido por voluntad exclusiva y absoluta de la Provincia de Mendoza, la ausencia total de un caudal mínimo de agua, lo cual derivó en la conversión del cauce del Atuel inferior en una suerte de callejón de tierra. En contraposición a esta práctica, también se verificaron ocasionales sueltas abundantes de agua -sin previo aviso a las autoridades pampeanas- que generaron graves inundaciones. Claramente, dicha escenario no se condice con la naturaleza interprovincial del recurso, ni con la garantía del uso equitativo y razonable del agua dispuesta por la Corte Suprema de Justicia.

Hoy, con esta medida, no sólo continúan atropellando impunemente los derechos de nuestra provincia y su gente, sino que los propios pobladores, empresarios vitivinícolas, frutícolas y del turismo, y parte de la dirigencia política que residen y usufructúan las aguas del Atuel en su curso inferior en la provincia cuyana, se rasgan las vestiduras ante esta situación. Tal es así que un grupo de diputados presentó, el 9 de febrero del corriente, ante la Legislatura mendocina un proyecto de ley solicitando la postergación del corte. Sin embargo, la decisión impertérrita del Departamento de Irrigación de Mendoza, del cual depende el supuesto “comité de cuenca”, es llevar adelante la decisión adoptada, sin excepción alguna. Ello, a pesar de las sospechas que existen de concejales, diputados y senadores de la provincia vecina, respecto al mal manejo, que ha hecho ese organismo, de las reservas hídricas existentes en los embalses.

En el año 2008, La Pampa firmó un acuerdo con Mendoza, el cual fue rubricado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el cual la provincia cuyana se comprometía a ceder a La Pampa una escorrentía permanente de 5 m3/seg., dicho convenio debía ser aprobado por las legislaturas provinciales. En nuestra provincia fue rápidamente aprobado y si bien Mendoza se comprometió a que sus legisladores lo trataran y aprobaran antes de fin de año, ello no ocurrió. La demora en el tratamiento es atribuida a la falta de consenso entre el gobernador mendocino, Celso Jaque y la oposición en su provincia

La conclusión a la que arribamos es que el vecino Estado no puede beneficiarse en forma exclusiva con la utilización de la casi totalidad del agua del río Atuel, debe compartir los beneficios de su disfrute con la provincia con la cual comparte una comunidad en relación al curso del agua en base al concepto de equidad distributiva que importa esfuerzos y beneficios compartidos y siguiendo los principios cardinales de la buena fe y de igualdad ante la ley.

Los pibes en la escuela

En estos días que está en boga discutir la baja en la edad de imputabilidad, nos parece necesario sentar una posición al respecto.

Con la actual legislación, un menor de 16 años no solo es inimputable sino que también es no punible, es decir que para la legislación argentina un menor de 16 años no comprende la conducta lesiva de sus acciones y no puede ser castigada por ellas.

El asunto resulta complejo y presente muchas posiciones dentro de los ámbitos jurídicos. En 2009 la cámara de senadores aprobó un proyecto de la Ley Penal Juvenil que si bien instalaba la encarcelación como la última instancia posible, bajaba la edad de aplicación de esa ley a 14 años. Es probable que uno encuentre tantas opiniones como juristas consulte.

Más allá de las posiciones que uno pueda tomar respecto de a qué edad uno debería ser legalmente responsable de sus acciones y objetivamente punible por ellas, estamos convencidos que el eje de la discusión no debería ser ese.

En materia de seguridad no se debería buscar soluciones en el castigo sino abordar el tema desde una óptica integral. No existe una solución rápida ni mágica y si la hubiera, seguro que no es institucionalizar más pibes. Miles de ejemplos sobran para graficar que una baja en la edad de imputabilidad en nada garantiza que los menores cometan delitos. La última dictadura militar en nuestro país ya lo puso en práctica y tras varios años de fracasos tuvo que retroceder en esa política. La historia del derecho penal mundial es circular y su estudio demuestra claramente que lo que hoy proponen los “cerebros de la mano dura” ya fue puesto en práctica en diferentes lugares y momentos sin lograr resultados positivos.

En este sentido, creemos que la base fundamental para comenzar a solucionar estos conflictos está plantada: los pibes tienen que estar en la escuela.

Dos grandes medidas se han tomado desde el Gobierno Nacional para ello: se inauguraron 1000 escuelas en todo el país y la Asignación Universal por Hijo que se otorga y se mantiene en tanto y en cuanto los menores mantengan la escolaridad. Estas medidas aputan directo a sacar los pibes de la calle e incluirlos en el sistema educativo y se encuentran íntimamente ligadas al mejoramiento directo de la calidad de vida de los ciudadanos: la baja del desempleo y del empleo en negro, la accesibilidad a los beneficios sociales, la construcción y entrega de viviendas. Evidentemente, todas las mencionadas son medidas a largo plazo, y no hay que perder de vista que las agencias mediáticas juegan un rol central introduciendo el factor miedo en la población y pretendiendo soluciones rápidas y eficaces en el corto plazo. Recordemos que un falso ingeniero hace pocos años y en su rol de victima fue elevado por las agencias mediáticas a un rol de jurisconsulto y con ello se generó una reforma en el sistema penal aumentando penas que tal como lo venimos diciendo en nada ayudaron a que disminuya el delito. 

La solución es global, y depende absolutamente de las políticas que implementa el estado, porque las problemática sociales están relacionadas con una gran cantidad de factores, y en ese sentido creemos que el camino está marcado en el sentido correcto. Ahora hay que profundizar esos cambios y concientizar a la sociedad para trabajar en la construcción de un país para todos.