jueves, 16 de diciembre de 2010
martes, 14 de diciembre de 2010
La ocupación del Parque, dos modelos de país.
Lo que viene ocurriendo desde la semana pasada en el Parque Indoamericano, en Villa Soldati, al sur de la Ciudad de Buenos Aires, nos hace preguntarnos en qué quedo lo preceptuado sabiamente por nuestros “Padres Fundadores” en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, “con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino…”.
Ese temprano y sincero sueño, a partir de la Ley de Migraciones Nº 25.871, se transformó en el reconocimiento de un derecho humano más, el de migrar, que se complementa a su vez, con el reconocimiento de otro derecho constitucional fundamental, humano y social, el de la vivienda digna para cada habitante de nuestro país, sea cual fuere su origen y condición social.
Sin embargo, una vez más, ante una justa demanda social por parte de quienes se constituyen en titulares de esos derechos, también reconocidos por distintos tratados internacionales ratificados por nuestro país, la respuesta del Estado, en cuya jurisdicción aquellos se encuentran exigiendo lo que por ley les corresponde, ocupando un espacio público como forma de protesta para obtener lo que hace años vienen legítimamente reclamando, fue represión y manifestaciones xenófobas, hiriendo hasta la fibra más íntima las sensibilidades de los pueblos hermanos de América Latina.
No hay dudas ya, a esta altura de las circunstancias, que la política que define y simboliza al actual gobierno porteño es el modelo neoliberal, conservador y de mano dura contra los más vulnerables, los “nadies” como magistralmente los define Eduardo Galeano en El Libro de los Abrazos.
El impresentable Mauricio Macri demostró nuevamente su poca cintura política y su ya más que evidente incapacidad para gobernar, administrar y gestionar, sobre todo un distrito tan complejo y diverso como lo es la Capital Federal. Tal como viene sucediendo en otras áreas del Estado porteño –salud y educación, principalmente-, el bochornoso Jefe de la Ciudad de Buenos Aires trató de desvincular su, más que obvia, responsabilidad en los hechos acontecidos en el desalojo del llamado Parque Indoamericano, que por el estado en que se encuentra, parece más un baldío utilizado como basural, que un espacio de recreación. Seguramente, esta práctica habitual del jefe comunal porteño de echarle la culpa a otros por sus propias torpezas son resabios de su historia personal y laboral al frente de las empresas de papá Franco, cuando tenía a otros, empleados por supuesto, a quienes mandaba a solucionarle los problemas y macanas que se mandaba. Lo que el niño Mauri aún no entiende es que no puede manejar el Estado y sus recursos como a Boca Juniors o Socma.
Por otro lado, no debemos perder de vista que la bomba que desató semejante desastre fue preparada y ejecutada por gente del propio gobierno macrista, entre ellos, por Miguel Ángel “El Turco” Rodríguez, alias “El Comandante”. Hoy puntero de la zona en conflicto que trabaja dentro de la Corporación Buenos Aires Sur, quien posee antecedentes penales por el cobro de coimas para entregar licencias para taxis durante la década del ’90, cuando se desempeñaba como director de Tránsito en el área metropolitana. Este empleado tan honesto, también fue coordinador de las políticas llevadas a cabo por el Instituto de la Vivienda del mismo distrito y se encuentra vinculado al legislador porteño Enzo Pagani quien, junto a su correligionario político, Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, presentaron un proyecto de ley para escriturar los terrenos de algunos vecinos de las villas porteñas, siendo ése el detonante de la catástrofe que se convirtió en la crónica roja de la prensa vernácula. Este perverso puntero se dedicó la semanas previas a la ocupación del mencionado parque a hacer correr ésa noticia –sin dudas con un indisimulable tufillo preelectoral-, lo que motivó que, quienes se encuentran en una situación habitacional precaria movidos ni más ni menos que por su deseo absolutamente legítimo de tener un techo propio, eligieran la protesta para hacer oír sus voces.
Si bien el patético Lord Mayor de la Ciudad de Buenos Aires ordenó a la policía reprimir, con las consecuencias por todos conocidas, 3 muertos y varios heridos, parece que en realidad quienes dispararon a matar fueron empleados municipales porteños e integrantes de las barrasbravas de Boca Juniors, Huracán y Nueva Chicago llamados a movilizarse por, oh sorpresa!? el legislador PRO Cristian Ritondo, antiguo “vecino” de la zona sur.
Pero no contento con tamaño kilombo que armó solito junto a sus secuaces, Macri salió a redoblar su apuesta de neto corte ultraderechoso: culpar, tal su vieja costumbre, al gobierno nacional por una supuesta inmigración descontrolada y a los propios inmigrantes, eso sí de ciertos países limítrofes injustamente estereotipados, a quienes vinculó con las mafias y el narcotráfico, barriendo así, una vez más, bajo la alfombra de la confusión, el problema de fondo: la crisis habitacional en la Capital Federal. Crisis que si bien es de vieja data, durante algunas de las gestiones anteriores se vieron paliadas por políticas públicas de inclusión y planeamiento organizado en la construcción de viviendas, lo cual quedó desbaratado cuando asumió el infame Mauricio y su séquito de inútiles chupasirios en la segunda jurisdicción del país con mayor presupuesto, el cual subejecuta (en porcentajes escalofriantes) en todas las partidas relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la gran metrópolis: salud, educación y viviendas.
Tampoco podemos soslayar que detrás de todo este espantoso episodio se perciben inconfundibles intenciones de desestabilización política del gobierno nacional pergeñadas no sólo por los operadores políticos del PRO, sino también por un viejo y tradicional dirigente vinculado al narcotráfico y la corrupción en la Provincia de Buenos Aires cuyas aspiraciones presidenciales se renuevan ante cada período electoral, generando situaciones que pretenden poner en cuestión la gobernabilidad democrática y la capacidad de respuesta gubernamental, alterando la paz social y sembrando la semilla del caos y la inseguridad.
Por otro lado, es muy loable la postura adoptada por el Gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner de no reprimir –absolutamente coherente con la política de Derechos Humanos que se viene llevando adelante desde el 2003- e intentar llegar a soluciones pacíficas que permitan articular las posiciones encontradas de los distintos actores sociales involucrados. Actitud que se contrapone en forma manifiesta con la esgrimida por el gobierno porteño, quienes con cada decisión tomada referente al conflicto que nos ocupa no han hecho otra cosa que comportarse en forma irresponsable y racista intentando apagar el fuego con nafta.
Una última reflexión: lo que acá está en pugna son dos modelos claramente diferenciados de Estado: el neoliberal, con sus políticas de opresión social, de represión, de ajuste y empobrecimiento del pueblo, privilegiando sólo a una élite selecta, o el proyecto nacional y popular, que se alza con la bandera de una distribución equitativa de la riqueza, de la recuperación de la identidad y soberanía nacional, de ejecución de políticas sociales inclusivas, a través de las cuales mejora la calidad de vida de los más humildes y que pone a los derechos humanos en el lugar que la historia por años le había negado. Parece que la elección es simple y obvia. Ojalá sean millones los que puedan percibir cuál es el mejor camino a seguir.
lunes, 13 de diciembre de 2010
sábado, 4 de diciembre de 2010
El caso del monopolio Clarín en La Pampa
No puede ni debe sorprendernos las bochornosas y absolutamente mendaces solicitadas que uno de los tantos tentáculos del monopólico Grupo Clarín publicó en el segundo diario de mayor tirada de nuestra provincia en los últimos días.
No sorprende, porque a pesar de que a este monstruoso y despiadado multimedio se le cayó la máscara hace mucho tiempo, son tan arrogantes que se creen que todavía pueden seguir vendiéndonos sin más sus fétidos buzones.
En primer lugar, alegan falazmente, estar soportando desde hace dos años una “brutal campaña de hostigamiento” movidos por intereses políticos, sectoriales y mediáticos muy concretos.
Y la primera pregunta que nos surge inmediatamente es ¿no fue el grupo mafia, como ha sido denominado no hace tanto por un prestigioso periodista radial, el que a fuerza de presión y hostigamiento sin los mínimos límites éticos, ahogó hasta el aniquilamiento a cientos y cientos de medios de prensa (radiales, televisivos y gráficos) del interior del país, exigiéndoles, en algunos casos, comprar el papel al precio usurario que estos rufianes imponían discrecionalmente ante la alternativa manifiestamente ilegal de no poder emitir los periódicos por falta del insumo fundamental y, en otros supuestos, adquirió ilegítimamente las empresas de cables locales para copar el mercado e imponerse como la única propuesta televisiva posible para los usuarios de esas comunidades? La RESPUESTA que se impone es indudablemente es AFIRMATIVA.
En segundo lugar, ponen en cabeza de los supuestos “perseguidores” la eventual responsabiliadad por un no acceso a las nuevas tecnologías y servicios que ofrecen a los actuales y futuros usuarios, agregando que la empresa invirtió más de $ 6.500.000 en Santa Rosa en infraestructura técnica para brindar televisión digital y ofrecer una banda ancha más veloz a los pampeanos. Así, cabe advertir por un lado, y por si hay algún distraído que pueda estar leyendo, que la inversión es una condición que está inescindiblemente sujeta al denominado “riesgo empresario”, por lo que las posibles pérdidas siempre van unidas a las probables ganancias, que en el caso que nos ocupa son fabulosas. Pero, ¿no es esta la empresa que sólo en el año 2009, obtuvo ganancias netas por $ 3.470 millones y $ 820 millones por el servicio de Internet de banda ancha que presta a través de Fibertel, representando el 64% de los ingresos totales del Grupo Clarín, a los que no debe dejar de adicionársele las facturaciones por publicidad, aproximadamente el 20,5% y por otros emprendimientos?
Sin embargo, lo que no dicen es que están desesperados porque van a perder parte del mercado local, ya que muy pronto dejarán de ser la única empresa que ofrece televisión por cable en la ciudad, por lo que comenzaron a ofrecer el "paquete" de cable + Internet a $ 85, aunque aclaran en la letra chica de la publicidad de Fibertel y atajándose ante eventuales reclamos de los usuarios, que el servicio está sujeto a disponibilidad técnica. Ello en virtud de que no escapa al monopolio que el recurso planteado ante el Superior Tribunal de Justicia pueda resultarles adverso ante la inobjetable y contundente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y siendo así se verían obligados a retirar el tendido de fibra óptica ilegalmente instalado en las columnas de la CPE, no pudiendo ofrecer ni televisión digital ni banda ancha, con la consecuente pérdida de clientela y, obvio, ganancias.
Es por esa sencilla razón que salieron con los tapones de punta arremetiendo contra sus futuros competidores, intentando en el camino crear más confusión e incertidumbre.
Y ése es su principal propósito con la publicación de las mencionadas solicitadas, no sólo agraviar y desprestigiar a quienes se erigen como la alternativa ante el monopolio, sino que pretenden confundir y engañar vilmente –como es de práctica habitual para Clarinete y compañía- a los consumidores, quienes no siempre tienen las defensas altas como para estar alertas ante la inoculación del virus del emporio mass-mediático, que intentando aparecer como la única víctima en toda esta situación, en realidad es un lobo con piel de cordero cuyo sólo fin es captar más clientes, que les darán más ganancias y a quienes podrán manipular a gusto y piacere en pos de sus intereses políticos. Eso sí, todo ello lo hacen escudándose en una supuesta censura en su contra y enarbolando la bandera de la libertad de expresión, cuando la realidad es que este grupo mafioso y ruin violenta ese derecho constitucional constantemente y por diversos métodos, cuando menos infames: interfiriendo canales “opositores” al monopolio, despidiendo a empleados insurrectos que no se arrodillan ante las órdenes de sus jefes, extorsionando a los medios más débiles a cambio de la posibilidad de transmitir determinados eventos del gusto popular, comprando e instalando medios satélites en el interior del país para "adoctrinar" a esos mismos usuarios-clientes cuyos derechos dicen defender.
Porque sí, sí, sí no nos engañemos compañeros, Magnetto, Ernes, Aranda y compañía tienen no sólo intereses económicos en prácticamente todos los rubros empresariales de servicios y comunicaciones no sólo de Argentina, también de América Latina, sino que cual emperadores bananeros de un imperio miserable y codicioso, han bajado el dedo a cuanto presidente democráticamente elegido a habido desde los ’70 en nuestro bendito país (aunque algunos de ellos fueran dignos merecedores de una soberana pateadura en el traste), instalando así, una y otra vez mediante un discurso que machacan continuamente (para que entre o entre) la sensación de inseguridad, de descontrol, de incertidumbre, de miedo. Y ello lo hacen impunemente y en franca asociación -de dudosa legitimidad- con conocidos dirigentes de la vieja y corrupta política argentina, jueces que se hicieron y ascendieron en sus carreras gracias a su complicidad durante épocas oscuras y que hoy son los que desde esos lugares de poder benefician, cuando se les presenta la oportunidad, al multimedio de Herrera de Noble.
Sin embargo, y gracias a Dios o a quien sea, no logran su nefasto cometido, esto es, desestabilizar al actual gobierno e imponer a algún títere de turno –al cual previamente apoyarán incondicionalmente antes, durante y después del proceso eleccionario-. Títere que, dicho sea de paso, se presenta adicto y sumiso a las bajadas de línea del Grupo y que, simultáneamente, se trasuntarán a su vez a otras tantas marionetas cuyos hilos manejan magistralmente en el Poder Legislativo y Judicial, reiniciando de esta manera el ciclo perverso y destructivo que comenzaron hace más de 30 años con el ilegal y siniestro apoderamiento de Papel Prensa, la vía, claramente ilegítima, utilizada por estos corsarios de la tinta cuya voracidad insaciable para concentrar cada vez más poder los llevó a transformarse en lo que hoy son: expertos manipuladores de la opinión pública.
Por último, pero no menos importante, es imprescindible recordar que tanto Cablevisión como Fibertel, operan en forma totalmente ilegal, violentando toda la normativa nacional, provincial y municipal existente y que rigen para las empresas de telecomunicaciones.
Así, en septiembre de 2009, Gabriel Mariotto, por entonces interventor del Comité Federal de Radiodifusión, dictó la resolución 577/09 impidiéndole a Cablevisión absorber, mediante una fusión, a las empresas Multicanal, Pampa TV, Teledigital Cable y otras dos cableras y quedarse con sus licencias, por tener más licencias de las permitidas en la zona y en concordancia con lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Al darse marcha atrás con la fusión, Cablevisión se quedó sin la licencia, aunque la cuestión aún se discute en la justicia. Lo cierto es que Multicanal y su antecesora Teledigital Cable nunca concretaron el traspaso de las licencias de Difusora y Pampa TV. Ambas autorizaciones, con trámites iniciados, según la nota, en el año 1984, todavía se encuentran en trámite.
En un artículo publicado por Miradas al Sur se reveló la explicación que un ex funcionario del desaparecido Comfer hizo acerca del modo de operar de Clarín en cuanto a las licencias de TV por cable: "Si el Clarín poseía un cable en una localidad y compraba a la competencia, iniciaba el trámite de licencia pero lo dejaba incompleto para evitar problemas por su posición monopólica. De ese modo, la tramitación tenía una entidad legal, pero no podía ser denegada por ningún interventor porque faltaban papeles". Este es el caso de Santa Rosa.
En cuanto a Fibertel, sabido es por todos, después del festival de medidas cautelares que el multimedio presentó a la justicia, que la Resolución 2936 de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) PROHIBIÓ a Cablevisión ofrecer el servicio a nuevos usuarios desde el 5 de agosto pasado, medida que fue desoída por el Grupo que sigue manejándose patoteril e impunemente.
Por lo que cabe concluir que Cablevisión no es caperucita roja, aunque intente infructuosamente aparentarlo, y la CPE y LA ARENA tampoco son el lobo feroz. Y los usuarios no pueden asumir ni permitir que se los ponga en el rol de rehenes por quien sistemáticamente ha violado todos sus derechos como consumidores y pretende mostrarse como defensor de la competencia en nuestra ciudad cuando en realidad han hecho hasta lo imposible por impedir que los pampeanos escuchemos otras voces, propósito central de la reciente y democráticamente votada “Ley de Medios”.
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